En España, hasta hace apenas dos años, resistíamos bien el avance de la ultraderecha, residual en algunos países europeos, pero que iba tomando posiciones importantes. Sin embargo, en noviembre de 2019, el PP le dio entrada en las instituciones. Los populares habían perdido las elecciones en Andalucía, pero su cúpula no tuvo ningún reparo en sumar los votos del partido ultraderechista, Vox, y acoger sus puntos programáticos más cuestionables, para gobernar conjuntamente la Autonomía andaluza. Desde entonces, el tandem derecha y ultra, se han hecho uno y están al asalto al poder, generando crispación y no asumiendo ninguna responsabilidad de Estado que ayude a España a salir de la crisis mundial y recuperar su economía. 

 Actualmente, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y otros países han construido un muro de contención contra la extrema derecha, que sin embargo ha conseguido instalarse en los Parlamentos de 17 países y está en el Gobierno, o lo sostiene, en algunos de elles, como  Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Eslovaquia, Polonia… O países como Hungría, donde el involucionismo ha llegado incluso a perseguir a los homosexuales. Aunque gobierna el partido Fidesz, (Viktor Orban) que llegó a definirse como conservador y centrista, su programa sigue los pasos, casi punto por punto, del ultraderechista Jobbik. Suecia, que fue durante décadas el paraíso de la socialdemocracia, en los tiempos del inolvidable Olof Palme, actualmente han avanzado los radicales ultras lo que originó el bloqueo casi durante seis meses de la formación de gobierno que finalmente realizó el socialdemócrata Stefan Löfven gracias a socialdemócratas y verdes, tras dos intentos fallidos. 

El ruido de sables, que precedió al golpe de Estado del 23F  parece que no asusta a nuestros jóvenes y menores de cincuenta años, que son más de la mitad de la población española. Seguramente porque no saben ni lo que es, ni sus consecuencias de sufrimiento y represión. Más bien al contrario, ayudados por la prensa ultra conservadora, aprovechan el la tragedia de la pandemia y las restricciones inevitables, para transitar atajos tramposos y apropiarse  de forma populista del término libertad. Libertad para contagiarse y contagiar, libertad para emborracharse y juntarse cuando se ordenan toques de queda, libertad, en fin, para divulgar libremente el racismo, la xenofobia, la homofobia, el odio el pobre, el sometimiento y el odio a las mujeres, la desigualdad social y la defensa de las élites militares y judiciales por encima de los derechos de los mas vulnerables, etc. 

Asumimos que somos ciudadanos de un país desarrollado en el siglo XXI y que vivimos en una de las pocas democracias plenas reconocidas como tales que existen el mundo. Pero los que vivimos en tiempo real y padecimos la dictadura de Franco, sabemos de lo que hablamos cuando el grupo ultraderechista Vox, que ha colonizado en gran parte al PP, está generando crispación con el fin de gobernar España, sea como sea y al precio que sea sin esperar a que sea momento de convocar elecciones. Hiela la sangre pensarlo y luego no digan que no estamos avisando…

Hace apenas unos meses, la ministra de Defensa, Margarita Robles, alertada por los servicios de inteligencia del Estado, tuvo que poner en manos de la Fiscalía la existencia de un grupo numeroso de WhatsApp en el Ejército, en el que se hablaba en lenguaje golpista en términos de “ya queda menos, pronto conseguiremos el poder…  habría que fusilar a 26 millones de españoles…”, y barbaridades por el estilo. Este ruido de sables, que el CNI viene investigando últimamente y del que apenas transcienden datos, cada vez tiene menos disimulo entre grupos políticos como Vox, así como de la parte dura del PP (Aznarismo) que gobiernan conjuntamente en algunas autonomías y ayuntamientos, y que están preparándose con toda la artillería, en sentido metafórico, para asaltar el poder pidiendo sin parar elecciones anticipadas por todo y para todo, lo que constituye una amenaza grave para la salud democrática de nuestro país. 

Más de la mitad de la población española tiene menos de 43 años y ha nacido ya en un régimen democrático. La nueva Constitución Española se publicó en el BOE de 29 de Diciembre de 1978. Y para ellos, la República, el alzamiento militar, la Guerra Civil, la sangre derramada de millones de hermanos, rojos y azules, queda ya en una nebulosa lejana. Sin embargo, el olvido no es la opción para los nostálgicos que vuelven a hacer sonar subrepticiamente el ruido de sables, como se llamaba antes, o el involucionismo, como se llama ahora, del “antiguo régimen”. Un susurro que cada día se disimula menos y suena más fuerte en ciertos ámbitos del Ejército (a tenor de la investigación de la Fiscalía) y de la Judicatura, a tenor de la politizacion y derechización de los organismos judiciales. Con el dictamen de algunas sentencias que generan vergüenza y alarmismo. 

Solo la población que tiene actualmente más de 60 y 65 años tiene realmente criterio sobre lo que fue sufrir una dictadura fascista como la española. Cabe pensar que la mayoría de esta población que nació, creció y se hizo adulta durante los 40 oscuros años de régimen franquista no quieren volver a tener que convivir en una sociedad como aqueñña. Sin libertad, sin igualdad y sin fraternidad. Pero no es así como ahora cuentan la leyenda determinados medios de comunicación y algunos políticos como Casado que llegó, hace unas semanas, a expresar en el Congreso barbaridades tales como que la Guerra Civil española entre el bando leal a la República y el bando militar sublevado encabezado por el dictador Francisco Franco fue “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”. El ex ministro y ex Secretario de Organización del Psoe, Jose Luis Ábalos, le tuvo que afear su falta de memoria, o su ignorancia histórica supina y malintencionada,  y recordarle que "tuvimos una Guerra Civil, con millones de muertos, debido a un alzamiento militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República".  

También habría que recordar al líder del PP, tan unido a Vox y sus nostálgicos, que aspiran a gobernar España sin esperar el turno de las urnas, que durante los cuarenta años que duró la dictadura, cientos de miles de españoles huyeron a pie y con lo puesto al exilio y otros tantos llenaron las cárceles españolas o fueron ajusticiados en el paredón. ¿Eso queremos para nuestro país?

Por desgracia, en la sociedad española, durante los más de cuarenta años desde que se restableció la Democracia, siempre ha existido una minoría nostálgica a la que le gustaría volver a vivir bajo los viejos y reaccionarios valores del Movimiento (Régimen de Franco) pero eran unos pocos, herederos de la “casta del Régimen” y las familias que se lucraron con la dictadura, junto a jóvenes friquis amantes de la simbología facha, aunque no por eso menos peligrosos. Pero ahora, a la sombra de algunos medios y el ruido de sables, así como la expansión de Vox y su infiltración en el PP, actuan ya sin complejo alguno, descarados y a la luz del día, haciendo apología de valores casposos, antidemocráticos y fascistas. Como lo estan demostrando en Murcia, donde son socios de gobierno y ya en las esculas empiezan con la simbología de otros régimenes de antaño. 

Las viejas fortunas de las élites del Régimen y sus generales de renombre, así como las familias que financiaron la creación de Vox, han sabido invertir en la compra de RRSS para difundir bulos y generar un clima de involución democrática, que lamentablemente fascina a descerebraos de las zonas obreras y barrios marginales de las ciudades. Éstas tribus urbanas incorporan la simbología nazi con la fantasía de que con el fascismo subirán de clase social sin tener que trabajar. Hacen apología de los símbolos fascistas y franquistas, de hecho lo mismo se podían haber integrado en diferentes banda juveniles de todo tipo.

En esta era pandémica, con su dureza y fatiga consiguiente, han aflorado movimientos conspiranoicos y negacionistas, el auge de la ignorancia en la Humanidad crece a un ritmo aún más elevado que el aumento de la entropía en el universo, no parece que se nos pueda señalar como paranoicos cuando afirmams que existe una confabulación -mediático política, judicial y militar- para intentar derrocar a nuestro gobierno democrático por medios no precisamente del todo lícitos.

El proceso es relativamente simple, sobre todo cuando la mayoría de los medios de comunicación, esos del llamado cuarto poder, que tendrían que ser independientes, objetivos y garantes del respeto al Gobierno de nuestro país y nuestras instituciones públicas y a los valores democráticos, y sin embargo juegan a favor del involucionismo porque el capital les ampara.

Una gran parte de estos medios han abrazado el relato de que este Gobierno, que ha sido elegido por la mayoría de los representes del pueblo soberano español, es un gobierno ilegitimo. La caverna mediática, desde que Pedro Sánchez constituyó el primer gobierno democrático y progresista de coalición que ha habido en España desde hace más de 40 años, ha proclamado machacona y sistemáticamente que es un gobierno traidor a España. A estas ideas propagadas masivamente por RRSS y bots falsos pagados por Vox, se han abrazado en mayor o menor medida los dirigentes de partidos políticos como el Partido Popular y Ciudadanos negando el principio de lealtad institucional. Utilizan criterios partidistas y luchan denodadamente por provocar unas nuevas elecciones, a destiempo, al precio que sea. 

Por la misma razón, Casado bloquea la renovación judicial y mantiene anti democráticamente unas mayorías conservadoras ya caducadas hace cinco años, donde algunos de sus miembros rayan ideologías reaccionarias y neofascistas. Esto sucede en varios organismos e instituciones del Estado, como son el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, la CNMC etc. A pesar de que hace ya casi un año, Casado dijo estar dispuesto a debloquear el Poder Judicial, e incluso se hizo público que había un acuerdo entre Psoe y PP que finalmente volvió a bloquear unilateralmente. Este control de los diferentes entes públicos se orquesta para ir minando poco a poco la acción de Gobierno socialista. 

Pero con todo, lo que más asusta de esta confabulación contra el Gobierno legítimo de España, es que nuestras Fuerzas Armadas, que dieron un ejemplo de regeneración democrática a raíz del frustrado golpe de estado del 23 de Febrero de 1981, también están sufriendo una regresión. Como así lo indican los ruidos de sables, cada día más nítidos.  Algunas fuentes socialistas se muestran tranquilas y alegan que se trata de “sables oxidados” de algunos pocos, viejos y retirados nostálgicos. Pero a tenor de algunas filtraciones de la investigación de la Fiscalía, habría que estar muy alerta ya que, a ellos se ha unido una nueva generación de “salvadores de la patria” que desprecian los valores de nuestra Constitución. 

A todo esto se añade que el Partido Popular aparece como epicentro de la corrupción política investigada en España en los últimos diez años. La propia Justicia lo ha señalado como un grupo polìtico impregnado en sus cúpulas por unos hábitos de corrupción, como ratifica la sentencia de octubre del 2020 del Tribunal Supremo que condena al PP de corrupción por responsabilidad civil a título lucrativo. Ya que según el Alto Tribunal, se financió ilegalmente. Una ratificación de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, de junio de 2018, que provocó la moción de censura del Psoe contra Gobierno popular y en 24 horas echó a Rajoy de la presidencia del Gobierno y fue investido Sánchez. Algo absolutamente legítimo, que desde entonces -y ha habido dos elecciones nacionales posteriores ganadas por el Pose- el PP no ha sido capaz de asumir democráticamente.  Además de confirmar la sentencia del 2018, los magistrados del TS confirmaron las penas y las multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular.

Como el PP aún tiene muchos casos de corrupción pendientes de ser juzgados o ratificados por los Altos Tribunales, el Supremo y el Constitucional, quizá sea por eso por lo que ha bloqueado tres veces la renovación del Poder Judicial. En 1995, la Sala de lo Penal del Supremo, la que sentencia sobre los casos de corrupción, estaba formada por 13 jueces -siete progresistas, seis conservadores-. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas. Lo que no refleja la actual composición del Parlamento español.

Una trama corrupta que ha generado en torno a sí misma un entramado de empresas que necesitan ser financiadas para sobrevivir. De ahí se derivan los grandes negocios, de sociedades afines a ex miembros del PP y amigos del partido, en el mundo de la Sanidad. También en la Educación, el ordenamiento urbanístico etc.Y la necesidad de privatizar este bien común esencial. Este es el culto al negocio por encima de los derechos sociales, propio de la derecha. Así ha ganado unas elecciones Isabel Díaz Ayuso- cerrando centros de asistencia primaria de Salud Pública, privatizando servicios sanitarios, tales como los análisis y la vacunación,  creando hospitales innecesarios, Isabel Zendal, explotando las residencias de Mayores, etc. Eso sí, abriendo bares de forma irresponsable en plena pandemia desobedeciendo las medidas de confinamiento estrictas que se impusieron en el resto de las CCAA y en toda Europa.